Niños multinacionales

La lucha por la tenencia de los hijos

“A los niños no los esperes, porque no te los voy a devolver ni este día, ni ningún otro”. Aquella noche de domingo, mientras toda Panamá festejaba el carnaval, Valentina creyó morir. Y aunque Valentina no es su verdadero nombre (ya que Mónica Bottero, la periodista que recoge esta historia en Madres al límite, lo cambió para protegerla), su vida es la de muchas madres y padres que, casados en el extranjero, se llevan a sus hijos una vez que se divorcian. La mayoría de las veces, de forma ilegal.

El caso de Valentina, se inició en Panamá en 1997, y aún está en marcha. Ella, uruguaya; su marido, panameño. El padre de los niños -de dos y cinco años- se los quitó una vez que se separaron, se divorció de Valentina sin su consentimiento, (ya que es posible en ese país), dejó a sus hijos con su abuela, y obligó a los niños a hablar en contra de su madre en las audiencias. La familia paterna de los niños acusaba a la madre de alcohólica, drogadicta y adúltera. Como última medida desesperada, la acusaron también de abusar sexualmente de la niña.

“Las armas legales parecían siempre débiles, ineficaces”, cuenta esta madre. Luego de tres años de trabas legales enormes, veía a sus hijos sólo los fines de semana. Su abogado había abandonado el caso. Ser extranjera le jugaba en contra, y recién el equipo de la embajada que entró en el año 2000 la apoyó. Uno de sus integrantes le dio un pasaporte para ella y sus hijos y le dijo que se encargara de ahí en más. Valentina se encargó. Se llevó a sus hijos hasta la frontera con Costa Rica, allí se tomó un avión a Buenos Aires, y volvió a su Montevideo natal.

Este episodio no es una extravagancia. Inclusive, los casos como éste han aumentado como consecuencia del aumento de divorcios, y junto con el aumento de emigración.

Los aspectos legales

El abogado y profesor de Derecho Internacional Público, José Gamio, señala que los divorcios plantean distintos problemas: “la disolución del vínculo, la situación de los bienes adquiridos durante el matrimonio, las pensiones alimenticias para el cónyuge y los hijos, y la guarda o tenencia de los hijos”. Cada uno de esos problemas, a su vez, puede tener una solución particular y distinta según el país, salvo si hay un tratado internacional que los regule.

En la actualidad, el Uruguay tiene convenios de Restitución Internacional de Menores con Argentina, Chile y Perú. También ratificó la Convención Interamericana sobre tráfico de Menores de 1989, y está en vigencia desde 1983 la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de menores de 1980. Esta última vela porque “los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los demás Estados contratantes”.

Al respecto, también rige la Convención Interamericana sobre Tráfico internacional de Menores de México de 1994. Sobre esta cuestión, la abogada Patricia Ibáñez subraya el hecho de que es necesario distinguir entre “restitución de menores” y “secuestro”. Se habla de restitución cuando los menores son sacados del país con el consentimiento inicial del padre o tutor que se queda, y luego no son devueltos al país. Secuestro, por el contrario, es cuando los menores son sustraídos de la nación sin consentimiento alguno del padre o tutor. En el caso de Valentina se trata de un secuestro, pero nunca de “tráfico de menores”, ya que esto implicaría que se hace con ellos algo ilícito.

Para estos casos, aclara Ibáñez, “el juez competente es el exhortante, el de lugar de residencia habitual del menor”. Es considerado menor, agrega, “de acuerdo a lo establecido por el Derecho del Estado de su residencia habitual” (en este caso, menor de 18 años).

Existe un plazo para iniciar las acciones de restitución de menores, el cual es de un año a partir de la fecha en que el menor es sacado del país. En los casos en que se desconoce su paradero, el plazo se computa desde el momento en que éste es localizado. Para esto, es necesario realizar una “solicitud de localización”.

¿Un factor demográfico?

Por otra parte, es necesario retomar el hecho de que el divorcio pareciera ser una causa de emigración, lo cual tiene sus consecuencias demográficas. El Diplomado en Análisis de Información Sociodemográfica aplicada a la Gestión y profesor de la Universidad de la República, Martín Koolhaas, afirma que, si bien no hay información disponible para Uruguay, “es común que una de las causas de la migración identificadas por las investigaciones (además de los motivos laborales y económicos que suelen ser los más comunes) sean los motivos ‘familiares’”. Dentro de esta amplia etiqueta, agrega, “pueden entrar aspectos como formación de parejas, reunificación familiar (el hombre emigra primero y luego va la mujer con los hijos) y disolución de parejas (lo cual puede comprender la separación y el divorcio)”.

La justicia

Si el divorcio es de por sí una experiencia traumática para los hijos (aunque sea en términos generales), el divorcio de dos padres de nacionalidades diferentes que deciden separarse debe serlo aún más.

Para Valentina, por lo menos, la frase del comisario que la atendió primero en Uruguay fue reconfortante: “En este país no se le sacan los hijos a una madre”. La Justicia uruguaya le dio la tenencia y, aunque el caso sigue tramitándose, sus hijos “hoy tienen 13 y 16 años, y sólo quieren ser uruguayos y olvidar”.